En España, el término gran tenedor se utiliza comúnmente para referirse a una persona física o jurídica que posee un gran número de propiedades inmobiliarias y que agrupados, los grandes tenedores tienen un porcentaje importante del parque de viviendas. Puedes analizar las ventajas e inconvenientes de ser un gran tenedor.

Legislación sobre los Grandes tenedores

En cuanto a la legislación aplicable al «gran tenedores» en España, existen varias leyes que regulan su actividad, entre ellas:

Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)

Esta ley regula los contratos de arrendamiento de viviendas y locales en España. En su  reforma de marzo de 2019, se introdujeron medidas para proteger a los inquilinos y limitar el poder de los grandes tenedores. Por ejemplo, se estableció un plazo mínimo de cinco años para los contratos de alquiler (siete años si el arrendador es una empresa) y se limitaron las garantías que los propietarios pueden exigir a los inquilinos.

El Plan estatal de vivienda afecta al Gran Tenedor

El Plan estatal de vivienda es un conjunto de medidas y ayudas económicas destinadas a fomentar el acceso a la vivienda en España. En la última edición del plan, se incluyeron medidas para incentivar la construcción de viviendas sociales y limitar el poder del gran tenedor de viviendas.

Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

Esta ley, aprobada en marzo de 2019, incluyó medidas para reforzar la protección de los inquilinos y limitar el poder de los grandes tenedores. Por ejemplo, se estableció que los grandes tenedores deberán ofrecer viviendas a precios asequibles a los ayuntamientos para destinarlas a programas sociales de vivienda.

Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

Esta ley, aprobada en 2017, obligó a los grandes tenedores a eliminar las cláusulas suelo de los contratos de alquiler que las contuvieran, garantizando así una mayor transparencia en las relaciones entre arrendador e inquilino.

Ley de Enjuiciamiento Civil y el Gran Tenedor

Esta ley regula los procedimientos judiciales civiles en España. En caso de que existan conflictos entre los «grandes tenedores» y sus inquilinos, se seguirán los procedimientos establecidos en esta ley para resolverlos.

Ley de Propiedad Horizontal

Esta ley establece las normas que regulan la propiedad y el uso de las zonas comunes en los edificios de viviendas y locales comerciales en régimen de propiedad horizontal. Los «grandes tenedores» también están sujetos a las disposiciones de esta ley si son propietarios de viviendas o locales en edificios de propiedad horizontal.

Es importante destacar que la regulación de los grandes tenedores en España sigue siendo objeto de debate y que las leyes que lo regulan pueden variar en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre la propiedad alquilada.

Normativa relativa al Covid-19

A partir de marzo de 2021, la legislación española incluye una serie de medidas específicas para proteger a los inquilinos de grandes tenedores durante la pandemia de COVID-19. A continuación, se detallan algunas de estas medidas:

Moratoria en el pago de alquileres

Los inquilinos que vivan en viviendas propiedad de grandes tenedores pueden solicitar una moratoria temporal en el pago de la renta del alquiler, siempre y cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad económica a causa de la pandemia. Esta moratoria puede ser de hasta cuatro meses y debe ser acordada entre el arrendador y el inquilino.

Prórroga automática de los contratos de alquiler

Los contratos de alquiler que venzan durante el estado de alarma o sus prórrogas se prorrogarán automáticamente si el inquilino así lo solicita. Esta prórroga tendrá una duración mínima de seis meses y se aplicará también a los contratos de viviendas propiedad de cualquier  gran tenedor.

Suspensión de los desahucios

Durante la pandemia, se han suspendido los desahucios de inquilinos vulnerables, incluyendo aquellos que viven en viviendas propiedad de grandes tenedores. Esta medida se ha prorrogado en varias ocasiones y actualmente está en vigor hasta el 9 de mayo de 2023.

Es importante destacar que estas medidas se han adoptado como respuesta a la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 y que su aplicación se limita a un periodo temporal determinado. Además, las medidas pueden variar en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre la vivienda alquilada, por lo que es recomendable consultar la legislación específica de cada región.

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