Las sanciones a los pisos turísticos forman parte de la necesidad de ordenación reclamada para un sector de la economía, el del alquilar turístico en Madrid, que estaba creciendo de manera exponencial y sin, prácticamente, mesura ni control.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido tomar cartas en el asunto, dado que la multiplicación de la vivienda de uso turístico sin regulación estaba empezando a ocasionar diversos problemas. Entre ellos, destacamos el incremento de los precios de los alquileres, la gentrificación (el abandono de los residentes de toda la vida de los centros de las ciudades), los inconvenientes relativos a la convivencia y la competencia desleal que perjudica a los hoteles.

Las sanciones en el alquiler turístico no tienen un afán recaudatorio ni un interés en perseguir la mera existencia de las viviendas de uso turístico. Tratan de regular un sector que estaba desarrollándose al margen de leyes concretas que dispusieran un cierto orden y algunas condiciones mínimas, lo que ocasionaba las problemáticas que te hemos resumido. De esta manera, estas infraestructuras para el turismo adquieren carta de naturaleza, lo que proporciona seguridad jurídica a quienes las explotan y a sus clientes y vecinos.

¿En qué consiste la Ley de Pisos Turísticos en Madrid?

Una de las cosas que ha complicado el establecimiento de sanciones a los pisos turísticos para mejorar el funcionamiento de estos apartamentos ha sido la existencia de normas reguladoras distintas en cada Comunidad Autónoma. En este sentido, la reforma propuesta por la Comunidad de Madrid del Real Decreto 79/2914 supone un esfuerzo por paliar las deficiencias en el tratamiento de un fenómeno que, en ocasiones, ha desbordado a todos los actores, incluidos los políticos, implicados en su desarrollo.

No en vano, en la actualidad, el número de viviendas reservadas para las actividades turísticas en Madrid es de, aproximadamente, veinte mil, lo que dobla las que había en 2017. De esas dos decenas de millares, se calcula que diecisiete mil estarían en un marco de ilegalidad. Los hoteles, que cuentan con alrededor de unas setenta mil plazas, se quejan con razón de un intrusismo laboral que les afecta.

En primer lugar, debido a que, al no estar registradas, estas viviendas de uso turístico no generan pago de impuestos, lo que supone un agravio comparativo. Por tanto, unas de las sanciones que les empezarán a afectar son las de la Administración Tributaria.

Las viviendas de uso turístico son definidas como las que únicamente se utilizan para su alquiler, es decir, para una explotación empresarial temporal. Esta definición es clave, ya que tendrán que cumplir unos mínimos requisitos de seguridad y habitabilidad, lo que supondrá ventajas tanto para sus futuros moradores como para los vecinos. Para cumplir con estas condiciones, se aplicará, cuando se produzcan incumplimientos, el régimen de sanciones contenido en la Ley de Ordenación del Turismo. Asimismo, está previsto que se impongan sanciones si no se colabora con los datos que puedan ser exigidos en base a la Ley de Seguridad Ciudadana.

En resumen, sanciones para garantizar el buen uso y la concordia.